Historia de una infamia

Ponencia presentada durante el Foro del SME para estudiantes, el Lunes 09 de Noviembre de 2009, en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistras, Pachuca de Soto, Hidalgo.

Amigas y amigos:

Durante el primer periodo del Gral. Porfirio Díaz, en 1879, la generación de energía eléctrica inició en México. La primera planta generadora que se instaló en el país estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. El interés, básicamente, era darle energía eléctrica a la industria minera, de comunicaciones y transportes, para cumplir con los objetivos positivistas del porfiriato para consolidar su sistema económico.

Efectivamente, el “Orden y Progreso” consistió en dos cosas: para mantener el “orden”, pasar sobre quien sea y como sea, y para establecer el “progreso”, le usufructuaron, le hipotecaron el país a las empresas norteamericanas, y principalmente a las empresas francesas e inglesas.

Pese a todo, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de “servicio público”, pues durante éste periodo se colocaron las primeras 40 lámparas “de arco” en el Zócalo de la Ciudad de México, cien más en la Alameda Central, así como comenzó la iluminación de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.

En 1898, es fundada la empresa canadiense Mexican Light & Power Company (Mexlight), adquiriendo una concesión de los recursos hidráulicos del rio Necaxa para generar electricidad que distribuía a varios puntos de la república como Puebla, Hidalgo, México y Michoacán.

Esta compañía tuvo tanto éxito que para 1902 llegó a poseer un capital de 12 millones de dólares, lo que le permitió adquirir compañías mexicanas como la Gas y Luz Eléctricas Mexicana de Electricidad, Luz y Fuerza de Pachuca y por último Limitada de Tranvías, con las que formo la Mexican Transways Company.

Con ésta compañía, la Mexlight, es con la que nace el 14 de diciembre de 1914 el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, que una semana después (21 de diciembre) pasaría a ser el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El SME nace para defenderse de los abusos y opresión de la poderosa Mexlight, así como de otras compañías trasnacionales, como la Ericsson, el cual durante los primeros años de creación tuvo varias huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo y salariales.

Con el tiempo, y posterior a la Revolución Mexicana, la regularización, la utilización y fomento de la industria eléctrica propicio que organismos como la Secretaria de Fomento, Agricultura y Obras Publicas, intervinieran en la legislación sobre el tema. En 1923 con el presidente Obregón, se promovió que el Gobierno tuviera el control de la industria eléctrica, lo que se logró tres años después cuando en el Código Nacional Eléctrico quedó instaurado que “la energía eléctrica fuera para el beneficio público“.

Fue el 2 de diciembre de 1933, durante el periodo del Presidente Abelardo Rodríguez, cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.

En 1936 el SME estalla su segunda gran huelga contra Mexlight; a consecuencia de ésta, empresa y sindicato firmarán uno de los contratos colectivos más avanzados de la época. El siguiente año, en 1937, se constituye la Comisión Federal de Electricidad.

Bajo la preocupación gubernamental de controlar el suministro, transformación y comercialización de la energía eléctrica, se publicó en 1938 el Proyecto de Ley de Energía Eléctrica donde inicia el proceso de nacionalización de la industria de una forma gradual, durante el sexenio del Gral. Lázaro Cárdenas.

El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales. El gobierno adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de la canadiense The American Light and Power Company y se comprometió con ellas a pagar los pasivos (deudas) de esas empresas que ascendían a 78 millones de dólares. Por 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la estadounidense American and Foreign Power Company.

Al adquirir la Mexican Light and Power Company, la nación mexicana adquirió 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas; 137 km. de línea de transmisión de doble circuito trifásico en el sistema de 220 KW; dos subestaciones transformadoras de cerro Gordo, México y El Salto, Puebla; 38 subestaciones receptoras conectadas a la red de transmisión de 85 y 60 KV; gran número de bancos de transformadores; 4,500 km. de líneas primarias de distribución de 6 KV; 11 mil transformadores de distribución con capacidad de 670 mil KVA; y 6,800 km. de líneas de baja tensión. Entre las plantas hidroeléctricas se obtuvieron: Necaxa, Patla, Tezcapa, Lerma, Villada, Fernández Leal, Tlilán, Juandó, Cañada, Alameda, Las Fuentes, Temascaltepec, Zictepec, Zepayautla y San Simón. Entre las plantas termoeléctricas: Nonoalco, Tacubaya y Lechería.

Además la nación recibió el edificio situado en la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos los inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina. Las mismas oficinas, curiosamente, que el gobierno espurio de Calderón ocupó indebidamente la noche del 10 de octubre pasado.

Luego, el gobierno garantizó legalmente este recurso de la Nación añadiendo el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines“.

En 1963 se crea la denominación social Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (LyFC), con los activos de lo que fue la Mexican Light and Power Company. Sin embargo, Luis Echeverría, en 1974, autoriza a LyFC a realizar los actos necesarios y procedentes para su disolución y liquidación. El Sindicato Mexicano de Electricistas se opuso radicalmente a tal medida.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado autoriza la firma en 1985 de un controvertido “Convenio de Delimitación de Zonas” por medio del cual las Compañías de Luz en su conjunto pierden el 50% de su extensión original en favor de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero.

En 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reforma la Ley del Servicio Público de Energía permitiendo que el Ejecutivo Federal pudiera disponer de la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de LyFC en liquidación. En este Decreto presidencial se afirmaba que “Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas”.

Concluida la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el ejecutivo Federal, “dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas Compañías“. Será hasta febrero de 1994 cuando se crea por Decreto presidencial el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En junio de 2003 entra en operación Teotihuacán, la quinta subestación en el anillo de 400 kilovolts.

Como podemos apreciar, el Gobierno siempre buscó la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, me atrevería a decir que lo que buscó, más bien, fue la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, enmarcado dentro del sindicalismo independiente, y que no tiene sumisión alguna con el poder oficial.

En éste sentido, el gobierno espurio de Calderón aprovechó una coyuntura ideal: la elección para renovar la dirigencia del Sindicato. Bajo el pretexto de fraude electoral, y con ayuda de un esquirol como lo fue Alejandro Muñoz, quien por cierto se reunió con César Nava (Presidente del PAN) y Javier Lozano (Secretario de Trabajo y Previsión Social), desprestigiaron ante la opinión pública el proceso electoral, y en complicidad con la Secretaría del Trabajo no tomaron nota al dirigente electo, Martín Esparza.

Ahora resulta que los que no quisieron contar los votos, los que hicieron el fraude electoral en contra de AMLO, los que dijeron “México ya votó” tras la carta que le escribió AMLO a Calderón, los que dijeron que eran respetuosos de las instituciones, esos bandidos azules, los panistas, ahora resulta que son defensores del voto y exigen transparencia en las elecciones.

Esto no fue sino una acción premeditada por parte del gobierno espurio, ayudados por Televisa y TV Azteca, quienes fueron allanando el camino en la semana previa al golpe contra Luz y Fuerza por medio de sus “analistas” y peudo-intelectuales, quienes vociferaron a gritos que ahora sí, Calderón tiene la oportunidad histórica de desmantelar Luz y Fuerza del Centro.

Ya con la mesa servida, y antes de publicar el decreto, el gobierno adoptó una medida anticonstitucional, que puede ser calificada como de fascista, que fue ocupar ilegalmente las instalaciones de Luz y Fuerza en los estados donde operaba la Compañía, para después dar a conocer el decreto por medio de Fernando Gómez-Mont y publicarlo en el Diario Oficial. Dicen que la forma es el fondo, y en éste entendido, la forma en la que extinguió Calderón a Luz y Fuerza lleva un trasfondo oscuro.

Esto era desmantelar el Sindicato, poder privatizar CFE sin resistencia, vender a Nextel, Televisa, Grupo Carso (consorcio de Carlos Slim) y una empresa española, la red de fibra óptica de LyF, con la que el Estado Mexicano hubiera podido proveer los servicios de telefonía, internet y televisión de paga a precios más bajos que los de las empresas privadas, y a su vez, acabar con el poco sindicalismo independiente que queda.

Fuera de la ilegalidad de lo que representa el decreto de extinción, así como de su aplicación, quiero hacer un análisis de lo que se ha hecho mención reiteradamente en los medios de comunicación en las últimas semanas:

En primer lugar, han mencionado los “privilegios” que tienen el sindicato y sus trabajadores, y los salarios de los que gozan. Creo que los obreros tienen exactamente el mismo derecho a gozar de una cancha de basquetbol con duela importada que los ricos que van a los mejores clubes de México, o de salarios con los cuales no se mueran de hambre, a diferencia de los obreros que trabajan en el sector privado, los cuales son explotados mucho más y ganan mucho menos. Pero incluso, han llegado al cinismo de indignarse porque un trabajador de LyF ganaba 8,000 pesos al mes. Si comparamos éste salario al mínimo de un trabajador en USA, resulta que los de LyF ganaban 1/3 parte de cualquier obrero estadounidense. Más aún, sería benéfico que los comunicadores, sobre todo los de estas empresas y sus filiales en radio, dijeran públicamente cuánto ganan, porque hay algunos que ganan más que los Ministros de la Suprema Corte, es decir, 600 mil pesos.

Así mismo, creo que el problema es mayor de lo que parece: el Gobierno Federal, en septiembre de éste año decretó la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. ¿Qué significa esto? No más reparto de tierras, no más reparto agrícola, el campo y el campesino pasan a segundo término: simplemente el campo y el campesino dejan de ser una prioridad para el Estado Mexicano, y se beneficia la importación de alimentos, el establecimiento de agroindustrias como Nestlé, y la importación de campesinos a los campos de California.

Ahora, el segundo golpe va contra el SME y Luz y Fuerza, los cuales habían sido una piedra en el zapato, no por lo económico, sino por lo político, pues desde su fundación el SME se ha caracterizado por apoyar grupos de Izquierda. Así mismo, cabe señalar lo siguiente: la liquidación, según la Secretaría del Trabajo del Gobierno Espurio, estaría (en promedio) cerca de los 460,000 pesos por trabajador. Tomando en cuenta que son 66,000 trabajadores, esto sería un total de 30,360’000,000 pesos, más o menos. Con éste dinero, hubiera sido suficiente para sanear la empresa e, incluso, comprar nueva tecnología para la generación de electricidad (lo cual, cabe señalar, ha sido marginada a propósito durante los últimos 30 años, para dar el golpe final que dio Calderón el 11 de octubre, lo cual se traducía en las pérdidas de energía hasta en un 30%).

Esto, dicho con otras palabras, podría haber sido la solución sin desaparecer la empresa y sin dejar sin sustento a 66,000 familias (es decir, aproximadamente 250,000 personas sin alimento, es decir, un cuarto de millón). En éste sentido, México se ha convertido en el único país que, en medio de una crisis económica, despide a tanta gente y desaparece una empresa. Eso representa lo irracional de la medida de Calderón.

A su vez, esto nos deja entrever que no será el último golpe del Gobierno Federal. Y deja indefensos a la UNAM, el IPN, el IMSS, el ISSSTE, el Metro de la Ciudad de México, PEMEX y otras empresas paraestatales y/o organismos descentralizados. El problema no son los sindicatos ni la propiedad del Estado sobre sectores estratégicos de la economía, sino la corrupción y la mala administración de ellas, que precisamente es gente del gobierno en turno, no los trabajadores.

Además, esto es sólo parte de las recetas y de lo firmado en las cartas de intención del Gobierno Mexicano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que durante las últimas tres décadas han impuesto las políticas públicas y económicas en México, impulsando el neoliberalismo como eje rector de la política económica, y cuyo fin único es privatizar la propiedad de la Nación y desmantelar el Estado Mexicano, convirtiéndolo en un estado títere de los intereses económicos trasnacionales más poderosos.

Amigas y amigos:

El gobierno federal ha generado una medida antipopular y cargada de muchos cuestionamientos. Así mismo, ha violado la constitución y lo sigue haciendo, en los Artículos 27, 28 y 123 constitucionales al menos, y ha dejado sin alimento a cerca de medio millón de personas.

Así mismo, sigue violando la ley, puesto que ya existe una suspensión definitiva dictada por un juez, lo cual implica que las cosas se quedan como están. Dicho de otra forma, es como si jugáramos a los “encantados”: nadie se puede mover de donde está hasta que no se resuelva la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia que, dicho sea de paso, actúan de forma parcial y mañosa.

El gobierno ya no puede liquidar, y lo siguen haciendo, y lo siguen anunciando en los medios. Si esto no fuera ilegal ¿porqué violar la ley, si finalmente tienen razón?

Es por eso que les invito a que se informen bien de lo que está pasando en torno al caso LyFC, y también que apoyen al SME en su lucha, puesto que defender LyFC es defender la soberanía popular.

Debemos generar conciencia en la población, debemos reproducir lo que aquí estamos escuchando, debemos también informar sobre las mentiras que están esgrimiendo en los medios, porque la gente no sabe qué pasa. De nosotros depende, en gran medida, el triunfo o fracaso que tenga ésta lucha que debemos dar, hombro con hombro, con los compañeros del SME.

En ése sentido, debemos recordarles algo a los compañeros del SME, la forma en la que Francisco González Bocanegra nombró al texto que entregó (y que además ganó) en el concurso para escoger el Himno Nacional Mexicano en 1854: Volemos al combate, a la venganza. Y el que niegue su pecho a la esperanza, hunda en el polvo la cobarde frente.

Mantengamos los pies calientes, y la cabeza fría.

Muchas gracias.

Fuentes de Información:

  • Comisión Federal de Electricidad. Historia. http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/queescfe/CFEylaelectricidadenM%C3%A9xico/
  • La Energía Eléctrica: Historia y Radiografía del Patrimonio Soberano de la Nación. Gustavo Castro Soto. http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=279
  • La historia de Luz y Fuerza del Centro. El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/notas/632514.html
  • La Industria Eléctrica en México. Alberto Soberanis y Anabel Velasco http://morgan.iia.unam.mx/usr/Industrial/BOL07/ARTICULOS/SOBERANIS.HTML
  • Luz y Fuerza del Centro. http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_y_Fuerza_del_Centro
  • Sindicato Mexicano de Electricistas. http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Mexicano_de_Electricistas

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