Hola.
Nadie duda de la preparación académica, ni laboral del Gobernador. Es licenciado en derecho, fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, y como legislador, fue Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Por eso mismo, llama mucho la atención que el gobernador haya firmado un comunicado de prensa, para justificar el desalojo ilegal del inmueble rescatado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas, fechado el 17 de abril de 2026, en el cual asegura que (hago cita textual): “la decisión del Gobierno del Estado responde a una convicción de fondo: la herencia cultural de Pachuca no puede quedar sujeta indefinidamente a un esquema privado, cuando existe la obligación pública de preservarla, proyectarla y ponerla al servicio de toda la sociedad hidalguense”.
Y llama la atención, por de pronto pareciera que el Gobernador desconoce la ley. O bien, el que le redactó el comunicado la desconoce, y el Gobernador no lo leyó, porque es increíble que, siendo docto en derecho, haya firmado un comunicado de prensa que está mal, bueno, no solo mal, sino muy mal, conceptual y legalmente hablando, en cuestiones muy básicas de derecho, de estudiante de preparatoria. Así que vamos por partes, como Jack El Destripador.
Para empezar, el boletín, como vimos antes, menciona que “la herencia cultural de Pachuca no puede quedar sujeta indefinidamente a un esquema privado”. Se equivoca el Gobernador al hacer esta aseveración, porque en términos estrictos, la Fundación Arturo Herrera Cabañas no entra en los términos establecidos en el artículo 25 Constitucional, para el sector privado, sino para el sector social.
Para empezar, y a diferencia de casi todos los países, México es de los únicos lugares del mundo, donde en su Carta Magna, se establecen 3 formas de propiedad: la propiedad pública, la propiedad privada, y la propiedad social. Es decir, lo público, lo privado, y lo social.
Esto está establecido en el artículo 25 de la Constitución, el cual establece que: “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.
Así, el artículo 25 constitucional, define al sector público como aquel que “tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan”.
Además, respecto al sector privado, se menciona que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad “.
Y en cuanto a lo social, se menciona que “la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios“.
Dicho esto, el texto constitucional confirma lo que afirmamos antes: la Fundación Arturo Herrera Cabañas NO es parte del sector privado, sino del social. Pero además, el boletín del Gobierno del Estado de Hidalgo menciona que “existe la obligación pública de preservarla, proyectarla y ponerla al servicio de toda la sociedad hidalguense (la herencia cultural)”.
Es decir: lo público califica como privado algo que es social, ignorando, además, que la Fundación cumple cabalmente con la función que le asigna el texto constitucional
Sin embargo, esto se contrapone al revisar nuevamente el texto constitucional que ya citamos, cuando se menciona que “la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión […] de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.
En términos estrictos, la cultura es un bien (intangible) y un servicio socialmente necesario. Y la Constitución establece que, si el sector social cumple con esta función, el Estado tiene que establecer mecanismos para facilitar su organización y expansión de este sector.
Es decir, al desalojar a la Fundación Arturo Herrera Cabañas del inmueble que han ocupado durante los últimos 32 años, el Estado no solo está incumpliendo con su obligación constitucional de facilitar la organización y la expansión del sector social, sino que además está violando el artículo 25 constitucional al impedirlo.
Lejos de resolver el problema, el hecho de que primero se haya dicho que el Gobierno Municipal desalojaría a la Fundación Arturo Herrera Cabañas de su inmueble “por vender café”, y que luego el Gobierno del Estado de Hidalgo, con una redacción muy torpe en un comunicado oficial, cometa errores de novato y, encima, reconozca que va a violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al despojar a la Fundación Arturo Herrera Cabañas de su inmueble, incumpliendo también un contrato de comodato firmado por 20 años entre el Estado y la Fundación.
La ya de por sí endeble y torpe narrativa que el Gobierno del Estado ha utilizado para intentar justificar el injusto e ilegal desalojo que pretenden hacer bajo el argumento de “injustificado esquema a largo plazo sobre un espacio de alto valor simbólico y cultural para Pachuca” (que ya de por sí, se cae sola con lo publicado en redes, como los contratos con el Club Pachuca, por citar un solo ejemplo), solo nos deja que estamos ante dos posibles causas de fondo, para cometer una canallada así: o estamos ante una venganza política en contra de la familia Herrera Gutiérrez por haber promovido la revocación del mandato en contra del Gobernador, o bien, estamos ante una lucha contra un cártel inmobiliario hidalguense, parecido al que existe en la CDMX con los gobiernos locales del PAN, pero aplicado a los inmuebles y políticos pachuqueños, que únicamente ha servido para gentrificar y especular inmobiliariamente con la tierra.
O tal vez, todas las anteriores juntas.
Por lo anterior, es más que importante estar informados, y unidos. No podemos permitir que la Fundación se quede sin un inmueble, y debemos defender nuestra memoria, nuestro patrimonio, nuestra comunidad.
Porque de ello, dependerá el futuro que pueda tener nuestra ciudad.
Sigamos defendiendo, pues, a la Fundación, con todo el corazón posible. Y hasta que la dignidad se haga costumbre.
Venceremos.