Historia de una infamia

Ponencia presentada durante el Foro del SME para estudiantes, el Lunes 09 de Noviembre de 2009, en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistras, Pachuca de Soto, Hidalgo.

Amigas y amigos:

Durante el primer periodo del Gral. Porfirio Díaz, en 1879, la generación de energía eléctrica inició en México. La primera planta generadora que se instaló en el país estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. El interés, básicamente, era darle energía eléctrica a la industria minera, de comunicaciones y transportes, para cumplir con los objetivos positivistas del porfiriato para consolidar su sistema económico.

Efectivamente, el “Orden y Progreso” consistió en dos cosas: para mantener el “orden”, pasar sobre quien sea y como sea, y para establecer el “progreso”, le usufructuaron, le hipotecaron el país a las empresas norteamericanas, y principalmente a las empresas francesas e inglesas.

Pese a todo, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de “servicio público”, pues durante éste periodo se colocaron las primeras 40 lámparas “de arco” en el Zócalo de la Ciudad de México, cien más en la Alameda Central, así como comenzó la iluminación de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México.

En 1898, es fundada la empresa canadiense Mexican Light & Power Company (Mexlight), adquiriendo una concesión de los recursos hidráulicos del rio Necaxa para generar electricidad que distribuía a varios puntos de la república como Puebla, Hidalgo, México y Michoacán.

Esta compañía tuvo tanto éxito que para 1902 llegó a poseer un capital de 12 millones de dólares, lo que le permitió adquirir compañías mexicanas como la Gas y Luz Eléctricas Mexicana de Electricidad, Luz y Fuerza de Pachuca y por último Limitada de Tranvías, con las que formo la Mexican Transways Company.

Con ésta compañía, la Mexlight, es con la que nace el 14 de diciembre de 1914 el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, que una semana después (21 de diciembre) pasaría a ser el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El SME nace para defenderse de los abusos y opresión de la poderosa Mexlight, así como de otras compañías trasnacionales, como la Ericsson, el cual durante los primeros años de creación tuvo varias huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo y salariales.

Con el tiempo, y posterior a la Revolución Mexicana, la regularización, la utilización y fomento de la industria eléctrica propicio que organismos como la Secretaria de Fomento, Agricultura y Obras Publicas, intervinieran en la legislación sobre el tema. En 1923 con el presidente Obregón, se promovió que el Gobierno tuviera el control de la industria eléctrica, lo que se logró tres años después cuando en el Código Nacional Eléctrico quedó instaurado que “la energía eléctrica fuera para el beneficio público“.

Fue el 2 de diciembre de 1933, durante el periodo del Presidente Abelardo Rodríguez, cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad son actividades de utilidad pública.

En 1936 el SME estalla su segunda gran huelga contra Mexlight; a consecuencia de ésta, empresa y sindicato firmarán uno de los contratos colectivos más avanzados de la época. El siguiente año, en 1937, se constituye la Comisión Federal de Electricidad.

Bajo la preocupación gubernamental de controlar el suministro, transformación y comercialización de la energía eléctrica, se publicó en 1938 el Proyecto de Ley de Energía Eléctrica donde inicia el proceso de nacionalización de la industria de una forma gradual, durante el sexenio del Gral. Lázaro Cárdenas.

El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales. El gobierno adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de la canadiense The American Light and Power Company y se comprometió con ellas a pagar los pasivos (deudas) de esas empresas que ascendían a 78 millones de dólares. Por 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la estadounidense American and Foreign Power Company.

Al adquirir la Mexican Light and Power Company, la nación mexicana adquirió 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas; 137 km. de línea de transmisión de doble circuito trifásico en el sistema de 220 KW; dos subestaciones transformadoras de cerro Gordo, México y El Salto, Puebla; 38 subestaciones receptoras conectadas a la red de transmisión de 85 y 60 KV; gran número de bancos de transformadores; 4,500 km. de líneas primarias de distribución de 6 KV; 11 mil transformadores de distribución con capacidad de 670 mil KVA; y 6,800 km. de líneas de baja tensión. Entre las plantas hidroeléctricas se obtuvieron: Necaxa, Patla, Tezcapa, Lerma, Villada, Fernández Leal, Tlilán, Juandó, Cañada, Alameda, Las Fuentes, Temascaltepec, Zictepec, Zepayautla y San Simón. Entre las plantas termoeléctricas: Nonoalco, Tacubaya y Lechería.

Además la nación recibió el edificio situado en la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos los inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina. Las mismas oficinas, curiosamente, que el gobierno espurio de Calderón ocupó indebidamente la noche del 10 de octubre pasado.

Luego, el gobierno garantizó legalmente este recurso de la Nación añadiendo el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines“.

En 1963 se crea la denominación social Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (LyFC), con los activos de lo que fue la Mexican Light and Power Company. Sin embargo, Luis Echeverría, en 1974, autoriza a LyFC a realizar los actos necesarios y procedentes para su disolución y liquidación. El Sindicato Mexicano de Electricistas se opuso radicalmente a tal medida.

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado autoriza la firma en 1985 de un controvertido “Convenio de Delimitación de Zonas” por medio del cual las Compañías de Luz en su conjunto pierden el 50% de su extensión original en favor de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente en los estados de Michoacán y Guerrero.

En 1989, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reforma la Ley del Servicio Público de Energía permitiendo que el Ejecutivo Federal pudiera disponer de la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de LyFC en liquidación. En este Decreto presidencial se afirmaba que “Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas”.

Concluida la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el ejecutivo Federal, “dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas Compañías“. Será hasta febrero de 1994 cuando se crea por Decreto presidencial el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En junio de 2003 entra en operación Teotihuacán, la quinta subestación en el anillo de 400 kilovolts.

Como podemos apreciar, el Gobierno siempre buscó la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, me atrevería a decir que lo que buscó, más bien, fue la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, enmarcado dentro del sindicalismo independiente, y que no tiene sumisión alguna con el poder oficial.

En éste sentido, el gobierno espurio de Calderón aprovechó una coyuntura ideal: la elección para renovar la dirigencia del Sindicato. Bajo el pretexto de fraude electoral, y con ayuda de un esquirol como lo fue Alejandro Muñoz, quien por cierto se reunió con César Nava (Presidente del PAN) y Javier Lozano (Secretario de Trabajo y Previsión Social), desprestigiaron ante la opinión pública el proceso electoral, y en complicidad con la Secretaría del Trabajo no tomaron nota al dirigente electo, Martín Esparza.

Ahora resulta que los que no quisieron contar los votos, los que hicieron el fraude electoral en contra de AMLO, los que dijeron “México ya votó” tras la carta que le escribió AMLO a Calderón, los que dijeron que eran respetuosos de las instituciones, esos bandidos azules, los panistas, ahora resulta que son defensores del voto y exigen transparencia en las elecciones.

Esto no fue sino una acción premeditada por parte del gobierno espurio, ayudados por Televisa y TV Azteca, quienes fueron allanando el camino en la semana previa al golpe contra Luz y Fuerza por medio de sus “analistas” y peudo-intelectuales, quienes vociferaron a gritos que ahora sí, Calderón tiene la oportunidad histórica de desmantelar Luz y Fuerza del Centro.

Ya con la mesa servida, y antes de publicar el decreto, el gobierno adoptó una medida anticonstitucional, que puede ser calificada como de fascista, que fue ocupar ilegalmente las instalaciones de Luz y Fuerza en los estados donde operaba la Compañía, para después dar a conocer el decreto por medio de Fernando Gómez-Mont y publicarlo en el Diario Oficial. Dicen que la forma es el fondo, y en éste entendido, la forma en la que extinguió Calderón a Luz y Fuerza lleva un trasfondo oscuro.

Esto era desmantelar el Sindicato, poder privatizar CFE sin resistencia, vender a Nextel, Televisa, Grupo Carso (consorcio de Carlos Slim) y una empresa española, la red de fibra óptica de LyF, con la que el Estado Mexicano hubiera podido proveer los servicios de telefonía, internet y televisión de paga a precios más bajos que los de las empresas privadas, y a su vez, acabar con el poco sindicalismo independiente que queda.

Fuera de la ilegalidad de lo que representa el decreto de extinción, así como de su aplicación, quiero hacer un análisis de lo que se ha hecho mención reiteradamente en los medios de comunicación en las últimas semanas:

En primer lugar, han mencionado los “privilegios” que tienen el sindicato y sus trabajadores, y los salarios de los que gozan. Creo que los obreros tienen exactamente el mismo derecho a gozar de una cancha de basquetbol con duela importada que los ricos que van a los mejores clubes de México, o de salarios con los cuales no se mueran de hambre, a diferencia de los obreros que trabajan en el sector privado, los cuales son explotados mucho más y ganan mucho menos. Pero incluso, han llegado al cinismo de indignarse porque un trabajador de LyF ganaba 8,000 pesos al mes. Si comparamos éste salario al mínimo de un trabajador en USA, resulta que los de LyF ganaban 1/3 parte de cualquier obrero estadounidense. Más aún, sería benéfico que los comunicadores, sobre todo los de estas empresas y sus filiales en radio, dijeran públicamente cuánto ganan, porque hay algunos que ganan más que los Ministros de la Suprema Corte, es decir, 600 mil pesos.

Así mismo, creo que el problema es mayor de lo que parece: el Gobierno Federal, en septiembre de éste año decretó la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. ¿Qué significa esto? No más reparto de tierras, no más reparto agrícola, el campo y el campesino pasan a segundo término: simplemente el campo y el campesino dejan de ser una prioridad para el Estado Mexicano, y se beneficia la importación de alimentos, el establecimiento de agroindustrias como Nestlé, y la importación de campesinos a los campos de California.

Ahora, el segundo golpe va contra el SME y Luz y Fuerza, los cuales habían sido una piedra en el zapato, no por lo económico, sino por lo político, pues desde su fundación el SME se ha caracterizado por apoyar grupos de Izquierda. Así mismo, cabe señalar lo siguiente: la liquidación, según la Secretaría del Trabajo del Gobierno Espurio, estaría (en promedio) cerca de los 460,000 pesos por trabajador. Tomando en cuenta que son 66,000 trabajadores, esto sería un total de 30,360’000,000 pesos, más o menos. Con éste dinero, hubiera sido suficiente para sanear la empresa e, incluso, comprar nueva tecnología para la generación de electricidad (lo cual, cabe señalar, ha sido marginada a propósito durante los últimos 30 años, para dar el golpe final que dio Calderón el 11 de octubre, lo cual se traducía en las pérdidas de energía hasta en un 30%).

Esto, dicho con otras palabras, podría haber sido la solución sin desaparecer la empresa y sin dejar sin sustento a 66,000 familias (es decir, aproximadamente 250,000 personas sin alimento, es decir, un cuarto de millón). En éste sentido, México se ha convertido en el único país que, en medio de una crisis económica, despide a tanta gente y desaparece una empresa. Eso representa lo irracional de la medida de Calderón.

A su vez, esto nos deja entrever que no será el último golpe del Gobierno Federal. Y deja indefensos a la UNAM, el IPN, el IMSS, el ISSSTE, el Metro de la Ciudad de México, PEMEX y otras empresas paraestatales y/o organismos descentralizados. El problema no son los sindicatos ni la propiedad del Estado sobre sectores estratégicos de la economía, sino la corrupción y la mala administración de ellas, que precisamente es gente del gobierno en turno, no los trabajadores.

Además, esto es sólo parte de las recetas y de lo firmado en las cartas de intención del Gobierno Mexicano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que durante las últimas tres décadas han impuesto las políticas públicas y económicas en México, impulsando el neoliberalismo como eje rector de la política económica, y cuyo fin único es privatizar la propiedad de la Nación y desmantelar el Estado Mexicano, convirtiéndolo en un estado títere de los intereses económicos trasnacionales más poderosos.

Amigas y amigos:

El gobierno federal ha generado una medida antipopular y cargada de muchos cuestionamientos. Así mismo, ha violado la constitución y lo sigue haciendo, en los Artículos 27, 28 y 123 constitucionales al menos, y ha dejado sin alimento a cerca de medio millón de personas.

Así mismo, sigue violando la ley, puesto que ya existe una suspensión definitiva dictada por un juez, lo cual implica que las cosas se quedan como están. Dicho de otra forma, es como si jugáramos a los “encantados”: nadie se puede mover de donde está hasta que no se resuelva la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia que, dicho sea de paso, actúan de forma parcial y mañosa.

El gobierno ya no puede liquidar, y lo siguen haciendo, y lo siguen anunciando en los medios. Si esto no fuera ilegal ¿porqué violar la ley, si finalmente tienen razón?

Es por eso que les invito a que se informen bien de lo que está pasando en torno al caso LyFC, y también que apoyen al SME en su lucha, puesto que defender LyFC es defender la soberanía popular.

Debemos generar conciencia en la población, debemos reproducir lo que aquí estamos escuchando, debemos también informar sobre las mentiras que están esgrimiendo en los medios, porque la gente no sabe qué pasa. De nosotros depende, en gran medida, el triunfo o fracaso que tenga ésta lucha que debemos dar, hombro con hombro, con los compañeros del SME.

En ése sentido, debemos recordarles algo a los compañeros del SME, la forma en la que Francisco González Bocanegra nombró al texto que entregó (y que además ganó) en el concurso para escoger el Himno Nacional Mexicano en 1854: Volemos al combate, a la venganza. Y el que niegue su pecho a la esperanza, hunda en el polvo la cobarde frente.

Mantengamos los pies calientes, y la cabeza fría.

Muchas gracias.

Fuentes de Información:

  • Comisión Federal de Electricidad. Historia. http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/queescfe/CFEylaelectricidadenM%C3%A9xico/
  • La Energía Eléctrica: Historia y Radiografía del Patrimonio Soberano de la Nación. Gustavo Castro Soto. http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=279
  • La historia de Luz y Fuerza del Centro. El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/notas/632514.html
  • La Industria Eléctrica en México. Alberto Soberanis y Anabel Velasco http://morgan.iia.unam.mx/usr/Industrial/BOL07/ARTICULOS/SOBERANIS.HTML
  • Luz y Fuerza del Centro. http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_y_Fuerza_del_Centro
  • Sindicato Mexicano de Electricistas. http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Mexicano_de_Electricistas

¿Quién era el peligro para México?

Bueno…

Lo dije hace sólo dos días:

La verdadera intención en ésto es poner a un líder a modo que sea manipulable, para desmantelar el Sindicato, poder privatizar Luz y Fuerza y CFE (que, por cierto, se ha filtrado en los medios que una empresa española está muy interesada en adquirir la red de fibra óptica de LyF, y curiosamente es española, ya que los panistas quieres ejecutar la reconquista…) y, de paso, al golpear y desmantelar el sindicato más fuerte que existe, irse luego sobre PEMEX, el IMSS y la UNAM, entre otras paraestatales y organismos descentraliados, y a su vez, acabar con el poco sindicalismo independiente que queda.

[…]

No hay de otra. Hay que apoyar al SME, porque si no, lo peor está por venir.

Pues casi como profeta, el día de hoy, aprovechando el “oportuno” partido de futbol entre México y El Salvador (partido con el cual México se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010), el gobierno espurio, mediante decreto, extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

A continuación reproduzco completo el texto del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro publicado hoy en El Diario Oficial de la Federación:

escudo_nacional_mexicano

DIARIO OFICIAL Domingo 11 de octubre de 2009

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 2o., 4o., 6o.,7o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1o., 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el inicio de la industria eléctrica en nuestro país se remonta a finales del siglo XIX; sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX cuando su explotación cobró auge y la inversión privada, mayoritariamente extranjera, predominó para el año de 1930, controlando el 70 por ciento de la capacidad de generación
eléctrica instalada;

Que bajo el régimen constitucional de 1917 operó la libre competencia entre empresas, las cuales privilegiaban los nichos de mercado más rentables, dejando fuera de sus objetivos de negocio el servicio para pequeñas ciudades y zonas rurales;

Que hacia 1940 la cobertura del servicio sólo alcanzaba a la mitad de la población, misma que se consideraba de mala calidad por virtud de las continuas y prolongadas interrupciones, por las variaciones que se presentaban en voltaje y frecuencia, así como por el alto precio de las tarifas;

Que como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas, por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como de la demanda creciente a favor de la nacionalización de la industria eléctrica, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, se expidió la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la organización y dirección de un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos y sin propósitos de lucro y el 11 de febrero de 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, tendiente a regular a las empresas dedicadas a esta actividad;

Que ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender la creciente demanda que el progreso del país requería, en 1960 el Gobierno Federal ordenó la nacionalización de la industria eléctrica, mediante la adquisición de las acciones de las empresas concesionarias, y decretó la exclusividad
de la nación para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1960, señalando que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines;

Que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar, en una sola empresa, la prestación del servicio público de energía eléctrica, a efecto de satisfacer la demanda en todo el país bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia, por lo que en diciembre de 1974, se publicó el
acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A., Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca S. A., y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S. A., y a la Comisión Federal de Electricidad, a adquirir de
aquéllas la titularidad de sus bienes y derechos;

Que, por su parte, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria de la adición constitucional señalada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975, reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad;

Que el mismo ordenamiento, mediante su régimen transitorio, dejó sin efectos las concesiones y también ordenó la disolución y liquidación de las concesionarias existentes, bajo la lógica de que la Comisión Federal de Electricidad asumiera los servicios prestados por tales concesionarias y estuviera en posibilidad de cumplir con su objeto legal de consolidar la prestación del servicio a nivel nacional;

Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;

Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);

Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado; Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:

a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;

Que a diciembre de 2008, Luz y Fuerza del Centro no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco. La falta o insuficiencia de suministro de energía eléctrica es un factor importante que puede inhibir la decisión para realizar inversiones por lo que esta situación no es sostenible;

Que la problemática expuesta ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación, la que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó “… que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que ‘Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél’”;

Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;

Que lo anterior, aunado a las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial, han hecho imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público;

Que la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse; ello fundado en que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público por las razones que ya se han manifestado;

Que, en ese sentido, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece como causas de extinción de un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público; lo anterior, en aras de preservar que sean éstas precisamente las razones que justifiquen la existencia del organismo descentralizado;

Que atento a lo anterior, la Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, al considerar que se actualizan las causas de extinción previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con fecha 28 de septiembre de 2009 propuso la desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2009, emitió el dictamen favorable respecto a la propuesta de desincorporación por extinción y la consecuente liquidación, del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que en atención a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo la propuesta de desincorporación referida, en razón de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público;

Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;

Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del
organismo frente a terceros;

Que con motivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se decreta en este instrumento y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, resulta indispensable la intervención de un liquidador. A este respecto, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal;

Que la ley referida faculta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento de su objeto, señalando que dichas designaciones recaerán preferentemente en las dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal;

Que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cuenta con facultades para tomar las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como los demás que sean necesarios para ello, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;

Que es deber del Ejecutivo Federal a mi cargo respetar los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por lo que se dispone expresamente que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; de igual forma, se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores;

Que en ese sentido y tomando en cuenta que Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, todos los derechos y obligaciones que resulten por su extinción recaerán en el Gobierno Federal, y

Que a fin de hacer un mejor uso de los recursos de los ciudadanos y para garantizar a todo el país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, cumpliendo lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier
situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.

O sea, éstos ojetes dicen que Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Y sin embargo, el FOBAPROA, el rescate carretero, las pensiones de los ex-presidentes, los sueldos del Presidente (espurio), Secretarios de Estado, Magistrados de la Suprema Corte, Diputados, Senadores, Gobernadores y demás funcionarios públicos de alto nivel ¿no representan un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público?

La evasión fical de grandes empresas, como FEMSA (Coca-Cola), CEMEX, Bimbo, y otras empresas trasnacionales ¿no representan un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público?

A estos personajes azules no les interesa ni la economía nacional ni el interés público. Sólo les importa el lucro personal y la ganancia desmedida, aunque se lleven a más de 60,000 trabajadores entre las patas, pues lo único que les interesa es la privatización del sector eléctrico. Y ésto es con la ayuda de Televisa y TV Azteca, quienes en la semana estuvieron haciendo campaña negra en contra de Luz y Fuerza del Centro.

Y agárrense, porque ésta es sólo la punta del iceberg. Van por más: la CFE, la UNAM, el IPN, el IMSS, el ISSSTE, la educación pública en general, y todo lo que al pueblo de México le ha tocado defender y conquistar con sangre y muertos. Y si el pueblo no despierta, no habrá país qué defender en 2012.

Saludos. Dejen comentarios.