La última reforma

Hola.

En las próximas horas, Enrique Peña Nieto estará promulgando las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, que entregan nuestros recursos energéticos al extranjero. Era la última reforma neoliberal por aprobar dentro del paquete de privatizaciones firmadas vía cartas-intención en los 80’s y 90’s con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Esta acción sólo es comparable a varios sucesos históricos mexicanos, pero es únicamente igualitario al saqueo español durante el periodo de la Colonia, al Tratado Guadalupe-Hidalgo, firmado en 1848 por Antonio López de Santa Anna con las tropas estadounidenses, donde cedió más de la mitad de nuestro territorio (recordemos que 12 años antes, en 1836, Santa Anna reconoció la independencia de Texas a cambio de su propia vida), o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promovido por Carlos Salinas de Gortari, en el cual se cedió gran parte de nuestra soberanía económica y alimentaria. Con la Reforma Energética aprobada en fast track por los Senadores, Diputados Federales y Congresos Locales, se ha consumado de facto la entrega a las grandes empresas y corporativos trasnacionales de uno de los grandes recursos naturales  con que contaba México para su desarrollo: el petróleo.

Así, se ha concretado la última de las reformas neoliberales pendientes. México se ha convertido en una economía sujeta al libre albedrío y capricho del mercado (dolorosamente, para nosotros). Bajo el fantasma de la crisis de 1982 (causada por la corrupción y el despilfarro que hubo en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, más no por petrolizar la economía), impusieron, establecieron y profundizaron el neoliberalismo en México, entregando todo lo que tenía el Estado, tanto en su aparato productivo como en el estratégico.

Irresponsablemente, el gobierno en turno ha echado en la espalda de los ciudadanos de éste país la gran carga de sostener los compromisos del Estado con impuestos. Dicho de otra forma, al reducirse el 40% de los ingresos petroleros por la entrega de este recurso a los extranjeros, se tiene que sustituir con otro ingreso al menos igual para mantener nóminas, programas sociales, pago de deuda, etc. que ha contraído el gobierno. No es casualidad que en varios estados, y de forma diversa, haya aumento de impuestos directos o indirectos para tapar el boquete financiero que dejará a las finanzas públicas la privatización del petróleo.

Por ejemplo (y más allá de los intentos que hay por evitar que esto suceda), el aumento al precio del boleto del Metro responde a esta necesidad. El pasado viernes, el precio subió de 3 a 5 pesos por viaje. Según lo declarado por José Alfonso Suárez del Real en La Jornada el pasado lunes, el aumento del precio del boleto del metro corresponde a un plan más amplio de fortalecimiento del Metro como empresa pública, que resista cualquier intento de “privatización, semiprivatización o privatización simulada” (sic). Considerando esta premisa como cierta, y considerando también que el aumento al boleto del metro es de 40% en relación a su precio anterior (subió de 3 a 5 pesos), este aumento corresponde y es idéntico al boquete en las finanzas públicas que dejará la privatización del petróleo. Es decir, el Gobierno de la Ciudad de México, para poder mantener al metro como empresa pública, y además para poder garantizar su funcionamiento (como está), necesita ese 40% que ya no le dará la Federación. Eso quiere decir que, muy probablemente, ni Mancera, ni Joel Ortega, ni Dios Padre quizá, podrán cumplir todas las promesas que hicieron sobre el mejoramiento del metro en la Ciudad. Tal vez por eso se utilizó una encuesta amañada para aumentar el precio del boleto del metro, no tanto por ganas de subirlo, sino por la necesidad de hacerlo.

Lo mismo sucede en el caso hidalguense, donde aumentaron el costo del agua en consumo de 0 a 8 litros de 39.98 a 55.57 pesos. En su momento, mencioné en un boletín dirigido a la prensa que este aumento representa un aumento en términos reales de un 39% en la tarifa de agua. Considerando que el promedio base para negociar el aumento en el salario mínimo será de 3.5 a 3.7% aproximadamente para el 2014, este incremento representa en 10 veces al menos el aumento al salario mínimo. Además, considerando el costo actual del salario mínimo vigente en Hidalgo, que es de 61.38 pesos diarios (por encontrarnos en zona geográfica B), este incremento viene a ser equivalente a un día de salario mínimo nominal, cuando antes el costo del servicio de agua era equivalente a medio día de salario mínimo.

En efecto: el aumento al precio de agua es equivalente al boquete de las finanzas por la privatización del petróleo (y al aumento del boleto del metro). Eso explica también la homologación del IVA de la frontera con el resto del país. Y el gravámen de artículos que antes estaban exentos de IVA. Y el aumento en el ISR. Así, hemos pasado de tener una economía basada en el petróleo a una economía basada en los impuestos. Y las políticas actuales es reflejo de ello.

No sé cuánto tiempo se pueda sostener el remedo de Estado Mexicano que tenemos, y la economía. Obviamente, a mayor volumen y monto de impuestos, mayor evasión. Y esa evasión generará una crisis en las finanzas públicas del país que solucionarán con recortes en la nómina del gobierno (despidos), y algunas otras privatizaciones más (como la del IMSS o la del ISSSTE, y muy posiblemente, intentarán privatizar también la UNAM y el IPN). Sin embargo, eso sólo representará un remedio temporal ante la inminencia de una gran crisis económica similar a la existente en Grecia, España, Italia e Irlanda. El desempleo y altos precios de los productos cotidianos (incluyendo, por supuesto, los energéticos, los cuales serán aún más caros de lo que son actualmente) ocasionarán, sin duda, un crecimiento en la inseguridad, en la pobreza y el hambre.

La última reforma ha concluido el remate de nuestros bienes en beneficio de las trasnacionales, y ha terminado de consolidar el neoliberalismo como el sistema económico predominante en México, dirigiéndonos hacia un imperialismo cruel y rapaz, donde nosotros seremos los saqueados (una vez más). Las consecuencias son inevitables (y a quien lo dude, que revise la historia reciente de América Latina, en casos como Venezuela, Argentina y Brasil, antes de los gobiernos progresistas). Sin embargo, esto permitirá dar un giro diametralmente opuesto al camino que actualmente seguimos, creando un nuevo constituyente y las bases para un nuevo Estado Mexicano y un renovado pacto social. Asumamos pues, nuestro papel y tarea en la Historia.

Saludos. Dejen comentarios.

El pacto

Hola.

Cada vez que nación o individuo alguno hace o quiere hacer alguna atrocidad, siempre lo hace “en nombre de Dios”. Es una práctica que se ha desarrollado durante muchos siglos y que, lejos de disminuir, aumenta la periodicidad con que ésta se justifica. Así también son los priístas (y no sólo ellos, sino en general todos los traidores), quienes en nombre de “México” o de la “Patria”, preparan sus tropelías con los que engañan al Pueblo para después, como es costumbre, traicionarlo.

Así, en los días pasados, tres de los principales partidos políticos firmaron en denominado Pacto por México, el cual regaló una fotografía a Enrique Peña Nieto como cualquiera que hubiera envidiado Calderón durante 6 años.

Sin embargo, más allá de la fotografía, lo cierto es que ese acto selló el triunvirato totalitario PRIANPeRreDista, pues mediante la coptación de la “izquierda moderna”, la “izquierda moderada”, o dicho con todas sus letras: la izquierda entreguista y simuladora, consiguieron la garantía de contar con una fuerza absoluta e inmoderada en el Congreso de la Unión, para que las contrarreformas de Peña Nieto sean aprobadas sin sufrir rasguño alguno.

Así, la agenda de Washington está asegurada. El moribundo neoliberalismo tiene una dosis de oxígeno y electroshocks, el cual resultará en una aprobación segura de las contrarreformas fiscal (la cual aumentará el IVA del 16 al 21%, además de que gravará alimentos, medicinas, educación y libros), la energética (la cual probablemente no privatice a PEMEX como empresa, pero sí el producto que procesa PEMEX, que es el petróleo), la educativa (en la cual está en riesgo los contenidos de la educación a nivel básico, la privatización simulada de la educación pública básica, y la privatización y desmembramiento de los grandes centros de estudio, como el IPN y la UNAM), y la de salud (en la cual se desmantelarán los servicios públicos de salud y se privatizará el IMSS y el ISSSTE).

La resistencia y oposición que había en el Congreso quedará minimizada, aislada y finalmente anulada. Muy poco podrán hacer los pocos legisladores que, haciendo dignidad a su cargo, manifestarán su rechazo a dichas medidas políticas y económicas, y sucumbirán ante el embate mayoritario y aplastante de los muy sonrientes firmantes del Pacto por México.

A los firmantes poco les importó las consecuencias que traerán sus actos. Cristina Díaz, en plena representación del Partido de Estado; Gustavo Madero, queriendo rescatar lo poco que ya queda de su partido, aspirando que ésta fallida alianza le ayude a reconstruir y recomponer al PAN; y Jesús Zambrano, actuando a motu propio, y entregando a la izquierda como lo hizo Talamantes en 1989 en el pacto firmado con Carlos Salinas de Gortari entre PRI, PAN y PFCRN.

Vienen tiempos difíciles, sobre todo porque (como mencioné antes) los atropellos que realizarán al Pueblo serán “en nombre de México”, apoyados por el poder mediático del duopolio televisivo Televisa-Azteca, donde la farsa democrática se ha descubierto de capa y ha destapado cínicamente el totalitarismo que han legitimado las principales fuerzas políticas “opositoras”.

El camino ya ha sido recorrido antes (por Hitler), y también está marcado: después de ésto, seguirá el control sobre los gobernadores, los cuales serán coptados con canonjías o sustituídos conforme a los intereses oficiales; los líderes sindicales, sustituídos y sumisos ante el poder;  posteriormente, los partidos entreguistas comenzarán a fusionarse y/o disolverse, y finalmente vendrá el poder casi absoluto, con sólo una oposición real: MORENA.

De no aprender de los errores del pasado, corremos un grave riesgo de repetirlos en nuestra tierra y con nuestra gente. Claro, todo ésto “por México”, “por el bien de la patria”, y “en nombre de Dios”.

Saludos. Dejen comentarios.

¿Quién era el peligro para México?

Bueno…

Lo dije hace sólo dos días:

La verdadera intención en ésto es poner a un líder a modo que sea manipulable, para desmantelar el Sindicato, poder privatizar Luz y Fuerza y CFE (que, por cierto, se ha filtrado en los medios que una empresa española está muy interesada en adquirir la red de fibra óptica de LyF, y curiosamente es española, ya que los panistas quieres ejecutar la reconquista…) y, de paso, al golpear y desmantelar el sindicato más fuerte que existe, irse luego sobre PEMEX, el IMSS y la UNAM, entre otras paraestatales y organismos descentraliados, y a su vez, acabar con el poco sindicalismo independiente que queda.

[…]

No hay de otra. Hay que apoyar al SME, porque si no, lo peor está por venir.

Pues casi como profeta, el día de hoy, aprovechando el “oportuno” partido de futbol entre México y El Salvador (partido con el cual México se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010), el gobierno espurio, mediante decreto, extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público.

A continuación reproduzco completo el texto del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro publicado hoy en El Diario Oficial de la Federación:

escudo_nacional_mexicano

DIARIO OFICIAL Domingo 11 de octubre de 2009

PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 2o., 4o., 6o.,7o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1o., 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el inicio de la industria eléctrica en nuestro país se remonta a finales del siglo XIX; sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX cuando su explotación cobró auge y la inversión privada, mayoritariamente extranjera, predominó para el año de 1930, controlando el 70 por ciento de la capacidad de generación
eléctrica instalada;

Que bajo el régimen constitucional de 1917 operó la libre competencia entre empresas, las cuales privilegiaban los nichos de mercado más rentables, dejando fuera de sus objetivos de negocio el servicio para pequeñas ciudades y zonas rurales;

Que hacia 1940 la cobertura del servicio sólo alcanzaba a la mitad de la población, misma que se consideraba de mala calidad por virtud de las continuas y prolongadas interrupciones, por las variaciones que se presentaban en voltaje y frecuencia, así como por el alto precio de las tarifas;

Que como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas, por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como de la demanda creciente a favor de la nacionalización de la industria eléctrica, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, se expidió la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la organización y dirección de un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos y sin propósitos de lucro y el 11 de febrero de 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, tendiente a regular a las empresas dedicadas a esta actividad;

Que ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender la creciente demanda que el progreso del país requería, en 1960 el Gobierno Federal ordenó la nacionalización de la industria eléctrica, mediante la adquisición de las acciones de las empresas concesionarias, y decretó la exclusividad
de la nación para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1960, señalando que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines;

Que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar, en una sola empresa, la prestación del servicio público de energía eléctrica, a efecto de satisfacer la demanda en todo el país bajo los mismos estándares de calidad y eficiencia, por lo que en diciembre de 1974, se publicó el
acuerdo presidencial que autorizó la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro S. A., Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca S. A., y Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S. A., y a la Comisión Federal de Electricidad, a adquirir de
aquéllas la titularidad de sus bienes y derechos;

Que, por su parte, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria de la adición constitucional señalada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975, reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad;

Que el mismo ordenamiento, mediante su régimen transitorio, dejó sin efectos las concesiones y también ordenó la disolución y liquidación de las concesionarias existentes, bajo la lógica de que la Comisión Federal de Electricidad asumiera los servicios prestados por tales concesionarias y estuviera en posibilidad de cumplir con su objeto legal de consolidar la prestación del servicio a nivel nacional;

Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;

Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);

Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado; Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:

a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;

Que a diciembre de 2008, Luz y Fuerza del Centro no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco. La falta o insuficiencia de suministro de energía eléctrica es un factor importante que puede inhibir la decisión para realizar inversiones por lo que esta situación no es sostenible;

Que la problemática expuesta ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación, la que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó “… que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que ‘Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél’”;

Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;

Que lo anterior, aunado a las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial, han hecho imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público;

Que la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse; ello fundado en que su funcionamiento ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional y del interés público por las razones que ya se han manifestado;

Que, en ese sentido, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece como causas de extinción de un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público; lo anterior, en aras de preservar que sean éstas precisamente las razones que justifiquen la existencia del organismo descentralizado;

Que atento a lo anterior, la Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, al considerar que se actualizan las causas de extinción previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con fecha 28 de septiembre de 2009 propuso la desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2009, emitió el dictamen favorable respecto a la propuesta de desincorporación por extinción y la consecuente liquidación, del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;
Que en atención a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo la propuesta de desincorporación referida, en razón de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público;

Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;

Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del
organismo frente a terceros;

Que con motivo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se decreta en este instrumento y la consecuente desaparición de sus órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento, resulta indispensable la intervención de un liquidador. A este respecto, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal;

Que la ley referida faculta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento de su objeto, señalando que dichas designaciones recaerán preferentemente en las dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal;

Que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes cuenta con facultades para tomar las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como los demás que sean necesarios para ello, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica;

Que es deber del Ejecutivo Federal a mi cargo respetar los derechos de los trabajadores al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, por lo que se dispone expresamente que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; de igual forma, se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores;

Que en ese sentido y tomando en cuenta que Luz y Fuerza del Centro es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, todos los derechos y obligaciones que resulten por su extinción recaerán en el Gobierno Federal, y

Que a fin de hacer un mejor uso de los recursos de los ciudadanos y para garantizar a todo el país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, cumpliendo lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier
situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.

O sea, éstos ojetes dicen que Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Y sin embargo, el FOBAPROA, el rescate carretero, las pensiones de los ex-presidentes, los sueldos del Presidente (espurio), Secretarios de Estado, Magistrados de la Suprema Corte, Diputados, Senadores, Gobernadores y demás funcionarios públicos de alto nivel ¿no representan un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público?

La evasión fical de grandes empresas, como FEMSA (Coca-Cola), CEMEX, Bimbo, y otras empresas trasnacionales ¿no representan un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público?

A estos personajes azules no les interesa ni la economía nacional ni el interés público. Sólo les importa el lucro personal y la ganancia desmedida, aunque se lleven a más de 60,000 trabajadores entre las patas, pues lo único que les interesa es la privatización del sector eléctrico. Y ésto es con la ayuda de Televisa y TV Azteca, quienes en la semana estuvieron haciendo campaña negra en contra de Luz y Fuerza del Centro.

Y agárrense, porque ésta es sólo la punta del iceberg. Van por más: la CFE, la UNAM, el IPN, el IMSS, el ISSSTE, la educación pública en general, y todo lo que al pueblo de México le ha tocado defender y conquistar con sangre y muertos. Y si el pueblo no despierta, no habrá país qué defender en 2012.

Saludos. Dejen comentarios.

Sobre la elección en el SME

Hola.

Debido a las prisas que he tenido últimamente, no pude escribir mi post acerca del mensaje que el espurio dio con respecto de su informe de gobierno, el pasado 1º de septiembre.

Lo que sí no puedo dejar pasar, dado que me ha dado mucho coraje, es lo de la elección al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde es claro que el Gobierno Federal se ha inmiscuído.

Ahora resulta que los que no quisieron contar los votos, los que hicieron el fraude electoral en contra de AMLO, los que dijeron “México ya votó” tras la carta que le escribió AMLO a FeCal, los que dijeron que eran respetuosos de las instituciones, esos bandidos azules, los panistas, ahora resulta que son defensores del voto y exigen transparencia en las elecciones.

Ésto no es más que una simulación por parte del gobierno espurio, ayudados por Televisa y TV Azteca. La verdadera intención en ésto es poner a un líder a modo que sea manipulable, para desmantelar el Sindicato, poder privatizar Luz y Fuerza y CFE (que, por cierto, se ha filtrado en los medios que una empresa española está muy interesada en adquirir la red de fibra óptica de LyF, y curiosamente es española, ya que los panistas quieres ejecutar la reconquista…) y, de paso, al golpear y desmantelar el sindicato más fuerte que existe, irse luego sobre PEMEX, el IMSS y la UNAM, entre otras paraestatales y organismos descentraliados, y a su vez, acabar con el poco sindicalismo independiente que queda.

Éstos ojetes lo único que quieren es consolidar el modelo neoliberal que se está cayendo a pedazos en todo el mundo. Sólo en la cabeza de un idiota cabe rescatar un sistema que no ha sido viable, salvo para los beneficiados de él. No cabe duda: no les basta un presidente espurio, presidente del PRD espurio y jefe delegacional espurio (Demetrio Sodi). Ahora, quieren un dirigente sindical espurio.

No hay de otra. Hay que apoyar al SME, porque si no, lo peor está por venir. Y lo peor es que todavía hay tarados que quieren votar por Peña Nieto. Dios salve al país si el Chico Televisa es Presidente de México.

Saludos. Dejen comentarios.